COMISSÃO DE SENADORES BRASILEIROS FOI A VENEZUELA

COMISSÃO DE SENADORES BRASILEIROS, LIDERADA PELO SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA, QUE FOI A VENEZUELA, SAIU NA FRENTE !

É o que pude observar nas notícias divulgadas nos meios de comunicação. Outras delegações estarão a caminho. É o caso da Comissão da Câmara do Deputados que será liderada pelo Deputado Raul Jungmann.

Reação similar virá da Europa. A Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu planeja enviar uma delegação de até 12 deputados à Venezuela, em mais um movimento para pressionar o governo de Nicolás Maduro pela libertação de presos políticos. A decisão vem após a subcomissão do Parlamento Europeu promover um debate sobre as violações de direitos humanos na Venezuela. A presidente da Subcomissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, Elena Valenciano, negou que a sessão tinha um propósito intervencionista, afirmando que as autoridades venezuelanas foram convidadas a participar, mas rejeitaram.

Todo esse movimento é decorrente da publicação, pela Anistia Internacional, do relatório VENEZUELA - LOS ROSTROS DE LA IMPUNIDAD. A UN AÑO DE LAS PROTESTAS, LAS VÍCTIMAS AÚN ESPERAN JUSTICIA, cujo resumo executivo copio a seguir.

RESUMEN EJECUTIVO
A más de un año de las manifestaciones a favor y en contra del gobierno que conmocionaron Venezuela entre febrero y julio de 2014, Amnistía Internacional publica este informe, que da cuenta de la falta de justicia para las cientos de personas, cuyos derechos humanos han sido violentados. Las manifestaciones dejaron como saldo 43 muertos, 878 personas heridas, incluido personal de las fuerzas de seguridad; cientos de personas torturadas y maltratadas; y 3.351 detenidas, 27 aún encarceladas en espera de juicio. Hasta el cierre de este informe , el 2 de marzo de 2015, no se ha condenado a todos los responsables, ni se ha resarcido a las víctimas y a sus familiares o liberado a las personas detenidas arbitrariamente, demostrando una clara falta de voluntad política del Estado venezolano para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir.

El presente informe resalta casos de muertes de personas en las que se involucra a personal de las fuerzas de seguridad o grupos armados pro gobierno que actuaron con la aquiescencia de las mismas, así como casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas y casos de detenciones arbitrarias. Durante el último año Amnistía Internacional también ha documentado hostigamiento e intimidación contra víctimas, sus familiares y sus representantes legales al hacer sus diligencias para obtener justicia; al igual que ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos que denuncian estos graves hechos.

Las preocupaciones y los casos de incluidos son el resultado de las entrevistas con defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados y abogadas de las cientos de víctimas, entre febrero y julio de 2014, y en meses sucesivos, en Caracas y los estados Valencia, Miranda, Zulia, Táchira y Mérida, además de reuniones con la Fiscal General de la República y representantes de la Defensoría del Pueblo.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los presuntos responsables de las muertes de manifestantes y transeúntes habrían sido tanto funcionarios de las fuerzas del orden, como civiles armados, incluidos grupos armados pro gobierno. Su informe también indica que personas habrían fallecido en incidentes en las barricadas colocadas por los manifestantes para bloquear las vías públicas.
El Ministerio Público afirma que ha investigado 238 denuncias de violaciones a los derechos humanos, y en 13 casos ha procedido a acusar a los presuntos responsables. La Fiscal General señala que hay 30 policías acusados de la muerte de manifestantes, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y que tres miembros de la fuerzas del orden han sido condenados por malos tratos. Catorce efectivos policiales se encontrarían detenidos y uno tiene orden de captura que no se ha hecho efectiva y el resto se encuentran en libertad condicional.

De las 3.351 personas aprehendidas, si bien muchas fueron liberadas sin cargos, 1.404 enfrentan acusaciones por delitos de bloqueo de vías públicas, lesiones, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. De los 27 casos de personas que según el Ministerio Público continúan detenidas en espera de juicio, Amnistía Internacional ha documentado cinco y ha podido constatar que están detenidas arbitrariamente.

La impunidad que rodea las violaciones a los derechos humanos durante las protestas en 2014 no es una excepción. La inmensa mayoría de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son investigadas y sancionadas. El mismo Ministerio Público indicó en 2012 como en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, los perpetradores no son llevados frente a la justicia.
El sistema de justicia venezolano no sólo no ha sido efectivo en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que es además objeto de frecuentes interferencias por parte del poder ejecutivo.

Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias instancias vigilantes de los derechos humanos pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) han exigido a Venezuela en la última década dar prioridad a la protección de los derechos humanos para conformar un estado de derecho sólido, en el que el poder judicial garantice la protección jurídica de toda la población, sin discriminación alguna.

Venezuela ha hecho caso omiso a estos señalamientos y en lugar de fortalecer el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, ha tomado medidas que han contribuido al deterioro de esta protección. Entre ellas, la denuncia en septiembre de 2013 del Estado venezolano de la Convención Americana de Derechos Humanos con la que se sustrajo de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial que representa el último recurso y esperanza de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias en todo el continente.
Uso Excesivo de la Fuerza
La ola de protestas que se dieron el año pasado demostró una vez más que el gobierno venezolano no tolera ni la disidencia, ni las manifestaciones críticas a sus políticas de gobierno. El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas seguridad y las denuncias de tortura y otros malos tratos son testimonio de ello. En ningún momento durante las protestas, ni durante el último año, se ha enviado una señal clara y pública de que no se tolerará ningún abuso por parte de los agentes del estado, a pesar de que la Fiscal General ha determinado, al hacer sus investigaciones, que las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza.

Más aún, lejos de mostrar un compromiso claro con el respeto al derecho a la asociación pacífica, el ejecutivo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, emitió el 27 de enero de 2015 la Resolución 008610, la que permite la actuación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias.

Ante las graves y numerosas violaciones producto del uso excesivo de la fuerza perpetradas por agentes del estado, resulta sumamente preocupante que las autoridades consideren hacer uso ahora de todos los componentes de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público. Los instrumentos internacionales especifican claramente que utilizar las Fuerzas Armadas para el orden interno sólo debiera ser considerado en circunstancias excepcionales, claramente definidas; y siempre asegurando que no se haga uso excesivo de la fuerza y se respete en todo momento el derecho a la vida y la integridad física.

Lejos de mandar una señal clara de condena a estas graves violaciones de derechos humanos, las autoridades continúan justificando la actuación indebida de las fuerzas de seguridad en nombre del orden y la seguridad pública; y de la estabilidad política.

A un mes de la emisión de dicha resolución ministerial, el 24 de febrero, el menor Kluiberth Roa Núñez de 14 años de edad perdió la vida al recibir un disparo de goma de un policía nacional en el Estado Táchira mientras transitaba en las inmediaciones de una protesta en la que las fuerzas de seguridad habrían disparado directamente contra manifestantes que habrían estado tirando piedras y cócteles molotov. Un día después, en manifestaciones estudiantiles en Mérida en protesta por la muerte del menor, al menos cinco estudiantes resultaron heridos, al parecer por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
Durante las manifestaciones, decenas de personas fueron víctimas de palizas, quemaduras, abusos sexuales, corriente eléctrica, asfixia y amenazas de muerte y de violación, por parte de oficiales de las fuerzas del orden, tanto en el momento de la detención, como durante el traslado y en los centros de detención.

En la mayoría de los casos, los malos tratos infligidos a los detenidos tenían como objeto castigarlos por su participación, o supuesta participación en las protestas, obtener una confesión de haber cometido actos delictivos durante su participación en las protestas; u obtener información para identificar a personas que han participado u organizado actos de protesta contra el gobierno.

Detenciones Arbitrarias
Después de haber revisado las evidencias presentadas por el Ministerio Público contra algunas de las 27 personas que se encuentran detenidas, Amnistía Internacional ha podido constatar que cinco se encuentran detenidas arbitrariamente, al estar siendo procesadas sin que exista evidencia fehaciente para acusarles de los delitos de los que se les imputan; y algunas además fueron detenidas sin encontrarse cometiendo un delito y sin que existiera una orden de detención judicial contra ellas. Su procesamiento sin evidencias fehacientes y admisibles vulnera su derecho a un debido proceso.
A Amnistía Internacional le preocupa sobremanera que, no sólo no se haya liberado a todas las personas detenidas arbitrariamente desde el año pasado, sino que al cierre de esta edición, se continuaría deteniendo a personas por sus preferencias políticas o por tener posiciones contrarias a los intereses del Ejecutivo.

El 19 de febrero se detuvo al Alcalde de Caracas, Sr. Antonio Ledezma, en circunstancias que sugieren que su detención está políticamente motivada. Según la Asociación de Alcaldes de Venezuela, 33 de los 73 alcaldes de partidos de la oposición tendrían procesos judiciales en su contra a finales de febrero de 2015.

Sumamente preocupantes han sido también las noticias, al cierre de esta edición, sobre la detención, el 10 de febrero, del juez Alí Fabricio Paredes presuntamente como consecuencia de la sentencia que habría dictado en un caso de alto perfil y que no habría satisfecho los deseos de la Fiscalía; al igual que la detención el 8 de febrero del abogado Tadeo Arriechi, al parecer como represalia por el desempeño de sus funciones, al ejercer como abogado de una empresa acusada de desestabilizar la economía.
Estas detenciones ponen claramente en entredicho el respeto de las autoridades por la disidencia y por la independencia del poder judicial; y son un reflejo de las dificultades que afrontan los profesionales del derecho en el ejercicio de su profesión.

Amnistía Internacional concluye en este informe que, ante la evidente falta de compromiso de las autoridades de acabar con la impunidad que rodea las graves violaciones cometidas hace un año, y su falta de compromiso por la protección de los derechos humanos sin discriminación e independientemente de preferencias políticas, los trágicos sucesos que se documentan en este informe, corren el riesgo de volver a producirse, en especial en un contexto de creciente descontento social.
La organización hace una serie de recomendaciones concretas que deben implementarse urgentemente. En especial, las autoridades venezolanas deben garantizar el derecho a la de reunión pacífica; y el derecho de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia y a una reparación adecuada.

Además, es urgente que se libere sin demora a todas las personas detenidas arbitrariamente, que cese la intimidación y el acoso a todas las personas que denuncian estos graves abusos, sean víctimas, familiares, representantes legales o defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades deben además abstenerse de hacer uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, excepto en situaciones de emergencia; y asegurarse que en todo momento todas las fuerzas de seguridad operen siguiendo de manera estricta y completa los principios de la ONU sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

A Amnistía Internacional le preocupa que la violencia aumente y que se pierdan más vidas si el gobierno de Venezuela no da prioridad a la protección de los derechos humanos, y transmite un mensaje claro al más alto nivel de que el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no se tolerará; asimismo, el gobierno debe garantizar que no se perseguirá ni a la disidencia, ni a quienes protestan. Sin este compromiso, el país seguirá en una espiral de deterioro del estado de derecho, colocando a todas las personas en una situación de desprotección ante posibles violaciones de derechos humanos.